Septiembre, 2026
Autor: observatorio
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Día Internacional del Migrante: los derechos perdidos
18 de diciembre de 2025
Día Internacional del Migrante
Los derechos perdidos
El 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, es un día de conmemoración y de balance.
Hace 35 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, con la expectativa de mejorar las condiciones de vida de millones de personas que residían en países donde eran extranjeras.
Hoy, 18 de diciembre de 2025, 60 países son parte de esta Convención y 127 países no la han ratificado.
La protección de los derechos de las personas migrantes está en la agenda de cada vez menos países.
En Argentina, en 2025, un Decreto de Necesidad y Urgencia (366/2025) recortó de manera alarmante y sin precedentes los derechos de las personas y las familias migrantes:
- Por primera vez en la historia de nuestro país, tener hijos/as nacidos en Argentina o tener cónyuge argentino/a no da derecho a la residencia permanente.
- Por primera vez en la historia de nuestro país, hijas, hijos y cónyuges de residentes permanentes no accederán a una residencia permanente, sino a una residencia temporaria.
Salvo en casos de emergencia, no podrán atenderse en el sistema público de salud:
- las personas migrantes con DNI argentino de residencia temporaria,
- las personas migrantes con trámite de residencia en curso (que son residentes regulares);
- las/los solicitantes de asilo que han iniciado el trámite para que se las reconozca como refugiadas (que también son residentes regulares),
- las personas reconocidas como refugiadas, que cuentan con un DNI de residencia temporaria.
A partir del DNU 366/2025, la salud pública sólo está disponible para quienes cuenten con residencia permanente. Simultáneamente, el DNU restringe el acceso a la residencia permanente, que se obtiene demostrando solvencia económica mediante recibos de sueldo, pagos de monotributo o certificación contable de ingresos. (Históricamente, el 50% de los trabajadores/as migrantes son trabajadores no registrados, aunque sean residentes regulares con DNI).
A partir del DNU 366/2025, dentro de una misma familia hay personas con menos derechos que otras.
- Hay niños y niñas migrantes sin acceso a la salud pública (aunque sus m/padres sean residentes permanentes).
- Hay niñas y niños migrantes que tienen menos derechos que sus hermanas/os argentinas/os
- Hay niños y niñas argentinos cuyos padres o madres migrantes sólo tienen acceso a la salud pública en caso de emergencia.
- Hay personas argentinas cuyas parejas migrantes están en la misma situación.
Ni siquiera la Ley Videla osó a crear semejante desigualdad jurídica dentro de las familias.
En Argentina, este 18 de diciembre es un día de desconsuelo.
Celebramos la vida de las personas migrantes en el mundo y en nuestro territorio y seguimos trabajando codo a codo para que migrar vuelva a ser un derecho.
Todos los derechos, para todas las personas, en todos los países.
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Día Nacional del Inmigrante
El 4 de septiembre de 1812 el Primer Triunvirato firmó la primera norma sobre inmigración. En ella, el gobierno ofreció “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”, y sentó las bases de recepción y derechos que luego reforzó la Constitución Nacional.
Argentina tiene una larguísima tradición de hospitalidad, evidente en las dos leyes migratorias aprobadas por el Congreso de la Nación (una en 1876, la otra en 2003) y en los millones de familias que durante más de dos siglos se conformaron y consolidaron a partir del amor, el respeto y el cuidado entre personas argentinas y migrantes.
- Por eso, el pasado y el presente de la inmigración es, a la vez, la historia de la nación y la historia de millones de personas argentinas y extranjeras.
- Por eso, las políticas migratorias afectan tanto a las personas migrantes que viven en el país como a sus familias.
- Por eso, rechazamos el DNU 366/2025 que modificó la Ley de Migraciones vigente, horadando la dignidad y los derechos de quienes eligen vivir en Argentina.
De las numerosas modificaciones introducidas por el DNU 366/2025, en esta oportunidad interesa señalar las más crueles.
- Por primera vez en nuestra historia, el acceso a la radicación permanente depende de la solvencia económica y de la decisión discrecional de la Dirección Nacional de Migraciones. El dinero hace la regla…
- Por primera vez en nuestra historia, madres, padres o cónyuges de personas argentinas no pueden obtener la residencia permanente en virtud del lazo de parentesco.
- Por primera vez en nuestra historia, veremos niñas y niños argentinos con madres o padres sin derecho a una residencia permanente garantizada por la ley. ¿Cuál es el sentido de debilitar y poner en riesgo a miles de familias?
- Por primera vez en nuestra historia, sólo quienes cuenten con DNI de residente permanente podrán acceder al sistema público de salud en igualdad de condiciones que las personas argentinas. El resto, solo podrá acceder en casos de emergencia.
Volvamos a los niñas y niños hijos de padres migrantes. Quienes sean argentinos podrán acceder a la vacunación, a la atención ante cualquier enfermedad, a un tratamiento médico. Pero sus hermanas y hermanos migrantes, sin residencia permanente, sólo lograrán atención médica si sus padres pueden pagarla.
Padres y madres de niñas y niños argentinos padecerán largas enfermedades por las que no podrán acceder a tratamientos. Varones y mujeres nacionales verán cómo su país le niega la atención a sus parejas.
De ahora en más, distintos integrantes de una misma familia tendrán acceso desigual a la salud pública. ¿Qué ganancia puede haber con tan clara y cruel discriminación?
A partir del DNU 366/2025, más personas quedaron sin acceso al sistema público de salud (salvo en casos de emergencia). A saber:
- las personas migrantes con DNI de residencia temporaria;
- las personas migrantes con trámite de residencia en curso;
- las personas solicitantes de asilo que han iniciado el trámite para que se las reconozca como refugiadas;
- las personas reconocidas como refugiadas, que cuentan con un DNI de residencia temporaria.
Diversas instituciones públicas y de la sociedad civil ya hemos tomado contacto con decenas de personas migrantes de todas las edades que viven regularmente en nuestro país y padecen graves problemas de salud. Estas personas ya no reciben la atención requerida, incluso a pesar de las denodadas gestiones de los propios equipos de salud de los hospitales públicos.
En el campo de la salud está firmemente demostrado que prevenir es mejor (y más barato) que curar, y que la detección y atención tempranas reducen riesgos y costos, tanto económicos como epidemiológicos.
¿Con qué moneda se saldan el sufrimiento y las muertes por abandono institucional?
Ninguna sociedad mejora dejando atrás a sus niños, a sus ancianos, a sus enfermos.
En el Día Nacional del Inmigrante, llamamos al gobierno nacional y a los gobiernos locales a dar marcha atrás con estas medidas inconstitucionales, de altísimo costo social, sanitario y epidemiológico.
(…) hace justicia al huérfano y a la viuda, ama y da alimento y vestido al extranjero que vive entre ustedes. Ustedes, pues, amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. – Deuteronomio 10: 18
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Encuentro de Necesidad y Urgencia: Organizaciones de la Sociedad Civil dialogan sobre el DNU 366/2025.
El sábado 7 de junio de 2025, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reunieron alrededor de cincuenta personas pertenecientes a treinta organizaciones de y para migrantes con trabajo territorial en CABA, municipios del Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Misiones y Jujuy. Convocado por la Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), el Encuentro de necesidad y urgencia tuvo como propósito evaluar el impacto del DNU 366/2025 y comenzar a articular estrategias para su derogación y para mitigar sus efectos regresivos sobre los derechos de las personas en movilidad.
El DNU 366/2025, publicado en el Boletín Oficial el 28 de mayo, se suma a otros actos del gobierno de Javier Milei que impactaron negativamente en las condiciones de vida y el acceso a derechos de las personas en movilidad. Entre ellos: el aumento de las tasas migratorias, la reforma (también por DNU) de la ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado, y el recurso permanente a la estigmatización y a los discursos de odio. Además, en muchas jurisdicciones (Jujuy, Misiones, Mendoza, Córdoba, CABA, etc.), los gobiernos locales aprobaron leyes o procedimientos que restringen el acceso a la salud pública de personas migrantes, incluso de aquellas que se encuentran en situación regular pero no cuentan con DNI sino con residencia precaria.
En la primera parte del Encuentro, tanto para “hacer memoria” como para calibrar la potencia y la capacidad de las organizaciones de la Sociedad Civil, se listaron y analizaron las acciones legislativas, judiciales y de incidencia llevadas adelante en relación al DNU 70/2017 (derogado en 2021). También se hizo referencia al trabajo directo con la población (especialmente en los casos de expulsiones y de restricciones de ingreso al territorio), así como los múltiples informes y campañas comunicacionales sobre el impacto del DNU 70/2017.
Posteriormente, se resumieron los principales cambios que introdujo el DNU 366/2025 en relación al acceso a la salud, la educación superior, las categorías de residencia, el ingreso al territorio, las expulsiones, el régimen de recursos y la obtención de la nacionalidad argentina. Se enfatizó que el DNU restringe u obstaculiza el acceso a la residencia permanente ( que es la única que asegura acceso a derechos en condiciones similares a las personas nacionales) a la vez que amplía considerablemente los márgenes de acción de la Dirección Nacional de Migraciones.
Finalmente, se pensaron estrategias y acciones en base a dos objetivos: por un lado, la derogación del DNU 366/2025; por el otro, qué hacer en el “mientras tanto” (¿cómo informar? ¿cómo asesorar? ¿cómo hacer el seguimiento?, etc.). Para el primer objetivo, se analizaron opciones en relación a la Comisión Bicameral y al Congreso, la obtención de una sentencia de inconstitucionalidad y la presentación de amparos individuales o colectivos. Para el “mientras tanto” se propusieron (entre otras cosas) acciones de comunicación, sensibilización y capacitación; la creación de una red federal de intercambio de información y acompañamiento; la identificación de “espacios amigables”, especialmente para la atención en salud; y fortalecer las articulaciones intersectoriales y multi-actores.
Este encuentro fue apenas uno de los tantos que será necesario organizar para proponer e implementar estrategias que permitan hacer frente a un contexto sumamente regresivo.
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Migrantes: chivos expiatorios y campaña electoral
15 de mayo de 2025
El 14 de mayo, días antes de las elecciones en CABA, el gobierno nacional informó que en los próximos días se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (otra vez un DNU…) que realiza “una profunda modificación al régimen migratorio”, cuyas “facilidades extremas” supuestamente permitieron miles de ingresos irregulares y toleraron que las personas extranjeras “lleguen a delinquir”.
El comunicado del gobierno dice que en los últimos 20 años “inmigraron a Argentina 1.700.000 extranjeros de forma irregular”, pero no dice de dónde proviene ese número.
- Las cifras de la Dirección Nacional de Migraciones dicen que, entre 2004 y 2024, al menos 1.800.000 personas extranjeras se radicaron de manera permanente y obtuvieron su DNI.
El comunicado del gobierno dice que la reforma permitirá que “aquellos que delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país”.
- La ley de migraciones (ley 25.871, de 2004) siempre incluyó motivos por los cuales se puede prohibir tanto el ingreso de una persona extranjera como su permanencia en el país. Estos motivos pueden ser penales o administrativos.
- La ley de migraciones siempre contempló la expulsión de personas extranjeras, ya sea por motivos penales o administrativos.
- La ley de migraciones siempre previó la posibilidad de que las personas extranjeras cometieran delitos en Argentina. Para esos casos, estableció “castigos migratorios”, que se suman al castigo penal que fija la autoridad judicial. Son castigos adicionales, por ser migrante.
- Los castigos migratorios incluyen la prohibición de la permanencia, la cancelación del permiso de residencia ya otorgado, los impedimentos para obtener una nueva residencia, la expulsión del país y la prohibición del reingreso. El castigo de una persona argentina finaliza cuando cumple la condena. En el caso de las personas migrantes, luego del castigo penal sobreviene el castigo administrativo. Algo así como “el migrante que las hace, las paga, y las paga, y las paga, y las paga…”, durante diez años más o durante toda su vida.
- Según el último informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), a diciembre de 2023 había 112.000 personas presas en las cárceles de todo el país El 94% eran argentinas y el 6% eran extranjeras (7.700). De ellas, 2.000 eran de Paraguay, 900 de Bolivia, 850 de Perú, 500 de Chile, 300 de Uruguay y 200 de Colombia. No puede decirse que sean cifras alarmantes.
El comunicado del gobierno dice que con los cambios que introducirá el Decreto de Necesidad y Urgencia, obtener la residencia permanente será un trámite exigente.
- Según la ley vigente, para solicitar la residencia permanente hay que haber residido en el país de manera regular dos o tres años (según el caso), o ser familiar de una persona argentina o residente permanente. Además, hay que presentar: documentación de identidad, certificado que demuestre la falta de antecedentes penales en Argentina, certificados que demuestren la falta de antecedentes penales en otros países donde la persona haya residido, certificado de domicilio, y comprobante de ingreso regular al país. Ah, y hay que pagar una tasa migratoria de $ 50.000 (Mercosur) o $ 100.000 (No-Mercosur). El trámite ya es exigente…
Una vez más, los endurecimientos de la ley migratoria surgen de diagnósticos simplistas y equivocados, amplificados a partir del desconocimiento (sincero o malicioso) de quienes tienen la capacidad política o mediática de imponer temas de agenda. Estos mismos diagnósticos estuvieron detrás del DNU 70/2017, que fue contrario a la Constitución Nacional y al sistema internacional de protección de derechos. Y por supuesto, no mejoró la vida de nadie.
Como evidencian las estadísticas oficiales, las personas migrantes no son responsables de la inseguridad ni del delito en Argentina. Tampoco son responsables de la inflación, el alto costo de los alimentos y servicios, el déficit fiscal, los cortes de luz, los baches en las veredas, el cambio climático, etcétera.
Cientos de miles de las personas migrantes que viven en Argentina son familiares (padres, madres, pareja, hermanos/as, etc.) de personas argentinas. Perseguirlas y estigmatizarlas no resuelve ninguno de los males que nos aquejan. Solo genera injusticia y sufrimiento.
Necesitamos hablar de manera responsable e informada de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de millones de personas –argentinas y extranjeras–.
Continuará…
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Migrantes: chivos expiatorios y campaña electoral
El 14 de mayo, días antes de las elecciones en CABA, el gobierno nacional informó que en los próximos días se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (otra vez un DNU…) que comprenderá “una profunda modificación al régimen migratorio”, cuyas “facilidades extremas” supuestamente permitieron miles de ingresos irregulares y toleraron que las personas extranjeras “lleguen a delinquir”.
El comunicado del gobierno dice que en los últimos 20 años “inmigraron a Argentina 1.700.000 extranjeros de forma irregular”, pero no dice de dónde proviene ese número.
Las cifras de la Dirección Nacional de Migraciones dicen que, entre 2004 y 2024, al menos 1.800.000 personas extranjeras se radicaron de manera permanente y obtuvieron su DNI.
El comunicado del gobierno dice que la reforma permitirá que “aquellos que delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país”.
- La ley de migraciones (ley 25.871, de 2004) siempre incluyó motivos por los cuales se puede prohibir tanto el ingreso de una persona extranjera como su permanencia en el país. Estos motivos pueden ser penales o administrativos.
- La ley de migraciones siempre contempló la expulsión de personas extranjeras, ya sea por motivos penales o administrativos.
- La ley de migraciones siempre previó la posibilidad de que las personas extranjeras cometieran delitos en Argentina. Para esos casos, estableció “castigos migratorios”, que se suman al castigo penal que fija la autoridad judicial. Son castigos adicionales, por ser migrante.
- Los castigos migratorios incluyen la prohibición de la permanencia, la cancelación del permiso de residencia ya otorgado, los impedimentos para obtener una nueva residencia, la expulsión del país y la prohibición del reingreso. El castigo de una persona argentina finaliza cuando cumple la condena. En el caso de las personas migrantes, luego del castigo penal sobreviene el castigo administrativo. Algo así como “el migrante que las hace, las paga, y las paga, y las paga, y las paga…”, durante diez años más o durante toda su vida.
- Según el último informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), a diciembre de 2023 había 112.000 personas presas en las cárceles de todo el país. El 94% eran argentinas y el 6% eran extranjeras (7.700). De ellas, 2.000 eran de Paraguay, 900 de Bolivia, 850 de Perú, 500 de Chile, 300 de Uruguay y 200 de Colombia. No puede decirse que sean cifras alarmantes.
El comunicado del gobierno dice que con los cambios que introducirá el Decreto de Necesidad y Urgencia, obtener la residencia permanente será un trámite exigente.
- Según la ley vigente, para solicitar la residencia permanente hay que haber residido en el país de manera regular dos o tres años (según el caso), o ser familiar de una persona argentina o residente permanente. Además, hay que presentar: documentación de identidad, certificado que demuestre la falta de antecedentes penales en Argentina, certificados que demuestren la falta de antecedentes penales en otros países donde la persona haya residido, certificado de domicilio, y comprobante de ingreso regular al país. Ah, y hay que pagar una tasa migratoria de $ 50.000 (Mercosur) o $ 100.000 (No-Mercosur). El trámite ya es exigente…
Una vez más, los endurecimientos de la ley migratoria surgen de diagnósticos simplistas y equivocados, amplificados a partir del desconocimiento (sincero o malicioso) de quienes tienen la capacidad política o mediática de imponer temas de agenda. Estos mismos diagnósticos estuvieron detrás del DNU 70/2017, que fue contrario a la Constitución Nacional y al sistema internacional de protección de derechos. Y por supuesto, no mejoró la vida de nadie.
Como evidencian las estadísticas oficiales, las personas migrantes no son responsables de la inseguridad ni del delito en Argentina. Tampoco son responsables de la inflación, el alto costo de los alimentos y servicios, el déficit fiscal, los cortes de luz, los baches en las veredas, el cambio climático, etcétera.
Cientos de miles de las personas migrantes que viven en Argentina son familiares (padres, madres, pareja, hermanos/as, etc.) de personas argentinas. Perseguirlas y estigmatizarlas no resuelve ninguno de los males que nos aquejan. Solo genera injusticia y sufrimiento.
Necesitamos hablar de manera responsable e informada de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de millones de personas –argentinas y extranjeras–.
