15 de mayo de 2025

El 14 de mayo, días antes de las elecciones en CABA, el gobierno nacional informó que en los próximos días se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia (otra vez un DNU…) que realiza “una profunda modificación al régimen migratorio”, cuyas “facilidades extremas” supuestamente permitieron miles de ingresos irregulares y toleraron que las personas extranjeras “lleguen a delinquir”.

El comunicado del gobierno dice que en los últimos 20 años “inmigraron a Argentina 1.700.000 extranjeros de forma irregular”, pero no dice de dónde proviene ese número.

• Las cifras de la Dirección Nacional de Migraciones dicen que, entre 2004 y 2024, al menos 1.800.000 personas extranjeras se radicaron de manera permanente y obtuvieron su DNI. 

El comunicado del gobierno dice que la reforma permitirá que “aquellos que delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país”.

• La ley de migraciones (ley 25.871, de 2004) siempre incluyó motivos por los cuales se puede prohibir tanto el ingreso de una persona extranjera como su permanencia en el país. Estos motivos pueden ser penales o administrativos. 
• La ley de migraciones siempre contempló la expulsión de personas extranjeras, ya sea por motivos penales o administrativos.
• La ley de migraciones siempre previó la posibilidad de que las personas extranjeras cometieran delitos en Argentina. Para esos casos, estableció “castigos migratorios”, que se suman al castigo penal que fija la autoridad judicial. Son castigos adicionales, por ser migrante.
• Los castigos migratorios incluyen la prohibición de la permanencia, la cancelación del permiso de residencia ya otorgado, los impedimentos para obtener una nueva residencia, la expulsión del país y la prohibición del reingreso. El castigo de una persona argentina finaliza cuando cumple la condena. En el caso de las personas migrantes, luego del castigo penal sobreviene el castigo administrativo. Algo así como “el migrante que las hace, las paga, y las paga, y las paga, y las paga…”, durante diez años más o durante toda su vida.  
• Según el último informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), a diciembre de 2023 había 112.000 personas presas en las cárceles de todo el país El 94% eran argentinas y el 6% eran extranjeras (7.700). De ellas, 2.000 eran de Paraguay, 900 de Bolivia, 850 de Perú, 500 de Chile, 300 de Uruguay y 200 de Colombia. No puede decirse que sean cifras alarmantes.

El comunicado del gobierno dice que con los cambios que introducirá el Decreto de Necesidad y Urgencia, obtener la residencia permanente será un trámite exigente. 

• Según la ley vigente, para solicitar la residencia permanente hay que haber residido en el país de manera regular dos o tres años (según el caso), o ser familiar de una persona argentina o residente permanente. Además, hay que presentar: documentación de identidad, certificado que demuestre la falta de antecedentes penales en Argentina, certificados que demuestren la falta de antecedentes penales en otros países donde la persona haya residido, certificado de domicilio, y comprobante de ingreso regular al país.  Ah, y hay que pagar una tasa migratoria de $ 50.000 (Mercosur) o $ 100.000 (No-Mercosur). El trámite ya es exigente…

Una vez más, los endurecimientos de la ley migratoria surgen de diagnósticos simplistas y equivocados, amplificados a partir del desconocimiento (sincero o malicioso) de quienes tienen la capacidad política o mediática de imponer temas de agenda. Estos mismos diagnósticos estuvieron detrás del DNU 70/2017, que fue contrario a la Constitución Nacional y al sistema internacional de protección de derechos. Y por supuesto, no mejoró la vida de nadie.

Como evidencian las estadísticas oficiales, las personas migrantes no son responsables de la inseguridad ni del delito en Argentina. Tampoco son responsables de la inflación, el alto costo de los alimentos y servicios, el déficit fiscal, los cortes de luz, los baches en las veredas, el cambio climático, etcétera.

Cientos de miles de las personas migrantes que viven en Argentina son familiares (padres, madres, pareja, hermanos/as, etc.) de personas argentinas. Perseguirlas y estigmatizarlas no resuelve ninguno de los males que nos aquejan. Solo genera injusticia y sufrimiento.

Necesitamos hablar de manera responsable e informada de cuestiones que hacen a la vida cotidiana de millones de personas –argentinas y extranjeras–.

Continuará…