8 de marzo de 2021

Celebramos la derogación del DNU 70/2017, una norma inconstitucional y arbitraria que separó familias y restringió los derechos de las personas migrantes que viven en Argentina

A fines de enero de 2017, en el marco de una intensa campaña política y mediática de criminalización y estigmatización de la población migrante residente en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017. Salteando el debate parlamentario, el DNU modificó dos leyes nacionales: la Ley de Migraciones (de 2004) y la Ley de Ciudadanía (de 1869 —sí: de 1869). Entre las muchas modificaciones que introdujo el DNU 70/2017, destacamos la ampliación de los motivos para impedir la permanencia en el territorio nacional y para cancelar las residencias ya otorgadas, el establecimiento de un “Procedimiento sumarísimo” para ejecutar las órdenes de expulsión y las restricciones al derecho a la defensa.

14 de enero de 2021

La difícil relación entre prestaciones no contributivas y condición migratoria.

Como es sabido, el aislamiento social preventivo y obligatorio establecido en el marco de la emergencia sanitaria decretada en Argentina en marzo de 2020 impactó fuertemente en las oportunidades de generación de ingresos de gran parte de la población. Ante esta situación, el gobierno nacional dispuso diversas medidas: créditos a tasa 0% para trabajadores monotributistas y autónomos, el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para trabajadores formales del sector privado y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional destinada a los hogares de trabajadores y trabajadoras informales, personas desocupadas y monotributistas de las categorías más bajas. El IFE consistió en 3 liquidaciones de $ 10.000 por familia, que fueron abonadas entre los meses de abril y septiembre de 2020.

30 de noviembre de 2020

El 4 de noviembre de 2020, mediante el DNU 840/2020, el Gobierno Nacional modificó los requisitos para el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que cobija a más de cuatro millones de personas. Puesto que las modificaciones incluyen una disminución en los años de residencia exigibles para acceder a la AUH (de tres a dos años de residencia regular en Argentina), como organizaciones de derechos humanos celebramos la medida porque avanza en la inclusión de nuevas familias migrantes.